Antecedentes
El Grupo del Código de Conducta de la UE ("el Grupo del Código") evaluó las políticas fiscales de las Islas Vírgenes Británicas (BVI) en 2017 y opinó que BVI debería ser incluido en una lista de jurisdicciones que debían abordar las preocupaciones del Grupo del Código sobre "sustancia económica". Por lo tanto, el gobierno de las BVI trabajaba estrechamente con el Grupo del Código para asegurar que dichas preocupaciones se abordaran adecuadamente.
Como resultado de este compromiso, la Ley ha sido promulgada y entró en vigor el 1 de enero de 2019.
Aplicabilidad
Este requisito cubre solo a sociedades y sociedades colectivas residentes en las BVI. La definición de sociedad residente incluye sociedades que han sido constituidas en las BVI de conformidad con la Ley de Sociedades Comerciales de las Islas Vírgenes Británicas de 2004 (BVI Business Companies Act 2004) y sociedades extranjeras que realizan negocios en el territorio de las BVI.
Es importante que el requisito de sustancia económica sea aplicable a las sociedades que realicen las siguientes actividades relevantes:
- Negocios bancarios. Las actividades principales de este negocio son:
- captación de fondos, gestión de riesgos incluyendo riesgo crediticio, cambiario e interés;
- toma de posiciones de cobertura;
- concesión de préstamos, crédito u otros servicios financieros a clientes;
- gestión del capital regulatorio;
- preparación de informes y declaraciones regulatorias.
- Negocios de seguros. Debe llevarse a cabo en la forma de:
- predicción y cálculo de riesgos;
- aseguramiento o reaseguro contra riesgos;
- prestación de servicios de negocio de seguros a clientes.
- Gestión de fondos. Las actividades principales de este negocio son:
- toma de decisiones sobre la tenencia y venta de inversiones;
- cálculo de riesgos y reservas;
- toma de decisiones sobre fluctuaciones cambiarias o de intereses y posiciones de cobertura;
- preparación de informes regulatorios u otros relevantes para autoridades gubernamentales e inversores.
- Negocios financieros o de arrendamiento, representados por las siguientes actividades principales:
- acuerdo de términos de financiación;
- identificación y adquisición de activos a arrendar (en el caso de arrendamiento);
- establecimiento de los términos y duración de cualquier financiación o arrendamiento;
- supervisión y revisión de cualquier acuerdo;
- gestión de riesgos.
- Negocios de sede central que incluyen:
- toma de decisiones de gestión relevantes;
- incurrir en gastos en nombre de afiliados;
- coordinación de actividades del grupo.
- Negocios navieros. Incluye las siguientes actividades principales:
- gestión de la tripulación (incluyendo contratación, pago y supervisión de miembros de la tripulación);
- carga y mantenimiento de buques;
- supervisión y seguimiento de entregas;
- determinación de qué bienes pedir y cuándo entregarlos;
- organización y supervisión de viajes.
- Actividad de tenencia. Se considera que es la tenencia de participaciones accionarias en otras entidades y el cobro de dividendos y ganancias de capital como única actividad de la entidad legal.
- Negocios de propiedad intelectual, incluyendo:
- donde el negocio se refiere a activos de propiedad intelectual tales como patentes, investigación y desarrollo;
- donde el negocio se refiere a activos intangibles no comerciales tales como marca, marca registrada y datos de clientes, marketing, branding y distribución.
- Negocios de centro de distribución y servicios, cuyas actividades principales son:
- transporte y almacenamiento de bienes;
- gestión de existencias;
- toma de pedidos;
- prestación de consultoría u otros servicios administrativos.
De conformidad con la Ley, la sustancia económica se define como:
- Gestión y control desde el territorio de las BVI. Generalmente, esto significa que el director de una sociedad debe ser una persona residente en las BVI, o el consejo de administración (así como otro órgano de gestión) debe estar compuesto por personas residentes en las BVI.
- Para fines de realizar las actividades relevantes mencionadas anteriormente, la sociedad debe:
- tener un número adecuado de empleados adecuadamente calificados en relación con dicha actividad que estén físicamente presentes en las BVI (ya sea empleados por la entidad legal relevante o por otra entidad y ya sea bajo contratos temporales o a largo plazo);
- incurrir en gastos adecuados en las BVI;
- tener oficinas o locales físicos según sea apropiado para las actividades principales;
- donde la actividad relevante es el negocio de propiedad intelectual y requiere el uso de equipos específicos, tener dichos equipos ubicados en las BVI.
- Realizar solo esas actividades principales que están prescritas por la Ley.
- En el caso de que una actividad generadora de ingresos para una entidad legal relevante esté siendo realizada por otra entidad:
- ninguna actividad principal generadora de ingresos se realiza fuera de las Islas Vírgenes; y
- la entidad legal relevante es capaz de supervisar y controlar la realización de dicha actividad por parte de la otra entidad. Solo se tendrán en cuenta las actividades de la otra entidad que es responsable de generar ingresos para la entidad legal relevante (y no para ninguna otra entidad legal) al considerar si la entidad legal relevante cumple con los requisitos de sustancia económica.
- Para las sociedades de tenencia se requiere:
- estar constituidas en las BVI de conformidad con la legislación relevante (Ley de Sociedades Comerciales de las Islas Vírgenes Británicas de 2004 o Ley de Sociedades Colectivas Limitadas de 2017);
- tener empleados y locales adecuados para la tenencia o gestión de intereses equitativos o acciones. A diferencia de otras sociedades de actividades relevantes, las sociedades de actividad de tenencia no están explícitamente obligadas a tener oficinas y empleados en el territorio de las BVI de conformidad con el Subpárrafo (b) Sección (2) Artículo 8 de la Ley. Teniendo en cuenta este hecho, y también el régimen separado de sustancia económica para la actividad de tenencia, es posible concluir que la oficina física y los empleados pueden estar situados tanto en las BVI como fuera de las BVI. Además de esto, el texto de la Ley no especifica el criterio de "empleados adecuados" por ningún número o proporción.
Los requisitos de sustancia económica son aplicables a las sociedades de las BVI constituidas después del 1 de enero de 2019 inmediatamente desde la fecha de su constitución. Las sociedades constituidas antes del 1 de enero de 2019 deben cumplir con los requisitos para el 30 de junio de 2019.
Todas las sociedades residentes en las BVI deben proporcionar alguna evidencia de que cumplen con los requisitos de sustancia económica. Este procedimiento se llama "prueba de sustancia económica". Es importante que para las sociedades de propiedad intelectual (sociedades IP) las reglas de sustancia económica aplicables sean más estrictas. Existe una presunción de que no realizan las actividades principales especificadas por la Ley, y no califican para los requisitos de sustancia económica por defecto, a menos que prueben lo contrario. Además, dicha presunción cubre a las sociedades IP de alto riesgo, es decir, sociedades que adquirieron activos de propiedad intelectual de sus afiliados o generan ingresos mediante el licenciamiento de activos de propiedad intelectual a sus afiliados.
Como se mencionó anteriormente, los requisitos de sustancia económica son aplicables solo a sociedades y sociedades colectivas residentes en las BVI. Todas las sociedades constituidas en las BVI se consideran residentes en las BVI por defecto (criterio de constitución). Para obtener el estatus de no residente, la sociedad debe utilizar el criterio de gestión y control, es decir, debe probar que la sociedad de las BVI es dirigida por no residentes (por ejemplo, por un director que es una persona natural residente en cualquier jurisdicción extranjera).
Al mismo tiempo, si una sociedad de las BVI afirma ser residente fiscal en un estado o territorio incluido en la lista negra de la UE, no puede estar exenta del requisito de sustancia económica de las BVI. Actualmente, la lista negra de la UE incluye Samoa Americana, Guam, Namibia, Samoa, Trinidad y Tobago e Islas Vírgenes de los Estados Unidos.
La obligación de determinar la jurisdicción en la que se considera que una sociedad de las BVI es residente fiscal recae sobre el agente registrado. Ellos obtienen la información necesaria y la evidencia documental y la proporcionan a la autoridad competente en las BVI (Autoridad Tributaria Internacional, ATI). La lista de documentos que pueden ser evidencia de residencia fiscal de una sociedad de las BVI en cualquier jurisdicción extranjera no está establecida por la legislación de las BVI. En este caso, las sociedades y los agentes registrados deben aplicar la legislación de la jurisdicción extranjera en la que se considera que la sociedad de las BVI es residente fiscal.
Respecto a las sociedades residentes, sus agentes registrados deben obtener la siguiente información sobre las sociedades constituidas por ellos y reflejarla en los informes presentados ante la ATI:
- el volumen total generado por la actividad relevante;
- el monto de gastos incurridos en la actividad relevante en las BVI;
- el número total de empleados involucrados en la actividad relevante;
- el número de empleados involucrados en la actividad relevante en las BVI;
- la dirección de cualquier local en las BVI que se utiliza en conexión con la actividad relevante y la dirección de cada uno de dichos locales;
- la naturaleza de cualquier equipo ubicado en las BVI que se utiliza en conexión con la actividad relevante;
- los nombres de las personas responsables de la dirección y gestión de la actividad relevante, junto con su relación con la sociedad y si son residentes en las BVI.
Estos informes deben presentarse ante la ATI dentro de un año desde la fecha en que la obligación de cumplir con la sustancia económica se volvió aplicable a una sociedad. Así, las nuevas sociedades constituidas después del 1 de enero de 2019 deben presentar dichos informes en un año después de su fecha de constitución, mientras que las sociedades preexistentes deben presentar informes antes del 30 de junio de 2020.
La Ley prevé responsabilidad por incumplimiento de los requisitos de sustancia económica que puede ser aplicable a la propia sociedad de las BVI o a personas que fueron solicitadas para proporcionar información sobre la sociedad de las BVI.
| Infracción | Responsabilidad |
|---|---|
| Incumplimiento de los requisitos de sustancia económica | Multa por un monto de 20,000 USD |
| Incumplimiento de los requisitos de sustancia económica por una sociedad IP de alto riesgo | Multa por un monto de 50,000 USD |
| Incumplimiento de los requisitos de sustancia económica después del segundo aviso de incumplimiento de la ATI | Multa por un monto de 200,000 USD y posible suspensión de la sociedad del Registro |
| Incumplimiento de los requisitos de sustancia económica por una sociedad IP de alto riesgo después del segundo aviso de incumplimiento de la ATI | Multa por un monto de 400,000 USD y posible suspensión de la sociedad del Registro |
| Falta de proporcionar información adicional o provisión intencional de información falsa en respuesta a la solicitud de la ATI en caso de condena sumaria | Multa por un monto de 40,000 USD y/o prisión por un plazo no superior a 2 años para personas naturales |
| Falta de proporcionar información adicional o provisión intencional de información falsa en respuesta a la solicitud de la ATI en caso de condena por acusación formal | Multa por un monto de 75,000 USD y/o prisión por un plazo no superior a 5 años para personas naturales |
Acciones requeridas
Para evitar cualquier penalización o sanción por incumplimiento, se le insta a tomar las siguientes acciones:
- Revisar su estructura de grupo e identificar qué entidades de las BVI se consideran como sociedades no residentes
- Identificar aquellas entidades de las BVI que realizan una actividad relevante y por lo tanto caen dentro del alcance de los nuevos requisitos
- Considerar el cumplimiento actual y futuro para las entidades que están sujetas a pruebas de sustancia económica
- Considerar la documentación y evidencias que cumplan con las pruebas de sustancia económica
- Considerar la estructura establecida para cumplir con los requisitos de sustancia.
